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A 10 años del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en La Pintana

Por Pablo Fuentes Flores, Secretario Comunal de Planificación (SECPLAC) de La Pintana.

 

En marzo de 2011 el Consejo Regional aprobó la modificación N° 100 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, ocasión en la que se enfrentaron dos visiones de la sociedad respecto al desarrollo de nuestra ciudad y que, en el caso de La Pintana, incorporaron un nuevo territorio normado según condiciones. En mi calidad de ex asesor de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, y actual Secretario Comunal de Planificación de La Pintana, quiero exponer algunos antecedentes a la luz de los 10 años de la aprobación de este instrumento.

Hoy, el Desarrollo Urbano Condicionado de cuarta generación (actualmente ZUC, Zonas Urbanizables con Desarrollo), es la única forma de recuperar parte de las plusvalías que antes de la implementación del desarrollo por condiciones quedaba íntegramente en manos de privados. El punto de conflicto en ellas corresponde a: los excedidos plazos para su tramitación; la negociación efectiva de las compensaciones y mitigaciones (especialmente con los gobiernos locales); y en el mecanismo para dar garantías explícitas para el cumplimiento de dichas condiciones por parte del privado, considerando la altísima rotación de autoridades públicas a nivel regional.

Por otra parte, existe un gran déficit de suelo dentro del anillo de Américo Vespucio para la construcción de proyectos de vivienda social (DS49), hecho que obliga a los comités de allegados a postular a proyectos fuera de la provincia de Santiago, desconectados de las redes y servicios urbanos consolidados. Actualmente, es prácticamente imposible acceder a una vivienda propia en la provincia de Santiago si se pertenece al quintil de menores recursos de la población.

Si bien hubo críticas sobre la falta de participación ciudadana durante el proceso de aprobación, en la práctica se realizaron múltiples instancias de trabajo en comisión y en sesiones ampliadas del CORE, junto a diversas instituciones públicas y privadas (por sobre el mínimo establecido en la ley). Además, se publicó en la web cada documento del proceso y se presentaron los antecedentes ocho meses antes de la tramitación oficial, a fin de resolver los eventuales puntos de diferencia. Adicionalmente, se solicitó por escrito la posición de las organizaciones ciudadanas relacionadas al desarrollo urbano y territorial y se escucharon sus argumentos en sesiones públicas.

A 10 años de la aprobación de este instrumento de planificación metropolitana (y regional), los desafíos de planificación en que se encuentra la Región Metropolitana de Santiago y también la comuna de La Pintana, se concentrarían a mi juicio en los siguientes puntos:

  1. Iniciar el proceso de debate y discusión, técnica, política y participativa, del modelo de desarrollo territorial que la cuenca de Santiago requiere para avanzar en materias de sustentabilidad (social, ambiental y económicamente).
  2. Realizar un proyecto de ley que cree oficialmente la figura del desarrollo urbano condicionado, mejorando la legislación actual relacionada a los PDUC y que existe sólo en la Ordenanza del PRMS.
  3. Fortalecer las Divisiones de Planificación y Desarrollo de los Gobiernos Regionales, para que asuman de una vez por todas las competencias que fueron pre-transferidas durante el año 2007 y 2008 y también poner en valor el rol de la Asesoría Urbana comunal, que hoy recae en un cargo y no es un equipo de trabajo.
  4. Cambiar el paradigma instalado en la institucionalidad pública, respecto a la participación del Estado como agente de desarrollo inmobiliario. Se requiere que el Estado cuente con unidades (agencias o corporaciones) que permitan la compra de suelo bien localizado para el desarrollo de proyectos residenciales con énfasis social, parques urbanos o áreas de reforestación, en territorios con alta vulnerabilidad social y déficit acumulado. No se puede dejar exclusivamente en manos del mercado la calidad de vida de los más desposeídos, sobre todo, si el Estado sigue siendo dueño de suelos que se enajenan día a día sin una visión territorial.
  5. Instalar mecanismos de compensación territorial, para que las comunas que han sido receptoras históricas de instalaciones y equipamientos no deseados (cárceles, vertederos, plantas de tratamiento de aguas, entre otras), puedan recibir recursos adicionales y apoyo profesional para revertir la degradación y la inequidad acumulada en su zona.

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